Un grupo de aproximadamente 150 evangélicos de las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo, en Huejutla de Reyes, han sido expulsados de sus hogares por no cumplir con las obligaciones comunitarias impuestas por la iglesia católica local.
Estas obligaciones, basadas en usos y costumbres de la región, han generado un conflicto que ha obligado a los afectados, miembros de la Iglesia Bautista Fundamental “La Gran Comisión”, a refugiarse en el Auditorio Municipal.
Margarita Cabrera Román, directora de Asuntos Religiosos del gobierno de Hidalgo, abordó la problemática en una conferencia de prensa, señalando que la raíz del conflicto radica en las costumbres locales que obligan a todos los habitantes a participar en las faenas católicas.
A pesar de que los evangélicos desplazados han mostrado disposición para contribuir a las labores comunitarias mediante un plan de pagos, la situación sigue siendo crítica.
El gobierno estatal ha tomado medidas para apoyar a las familias afectadas, proporcionando agua, alimentos, y certificados multigrado a través del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos.
Sin embargo, la incertidumbre persiste y las agresiones han escalado, incluyendo la invasión de terrenos, destrucción de cosechas, y ataques físicos.
El conflicto, que comenzó el 25 de marzo con la retención del pastor Rogelio Hernández Baltazar y dos creyentes más en la cárcel comunitaria de Coamila, se ha intensificado a pesar de un acuerdo alcanzado tras 48 horas de diálogo. Desde 2015, este tipo de situaciones se han repetido en la región, donde la mayoría católica ha restringido derechos fundamentales a quienes profesan otras religiones.
