Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (SEIINAC) ha presentado un informe que destaca desafíos críticos en el sistema de justicia de Hidalgo para abordar el feminicidio. Publicado en el marco de su 16 aniversario bajo el lema “Recordar es volver a luchar”, el documento pone en evidencia tanto las estadísticas alarmantes como los aspectos más humanos de esta tragedia.
En la última década, Hidalgo ha registrado 633 feminicidios. Desde 2013, el promedio de tiempo entre la vinculación a proceso y la emisión de sentencia era de 1,636 días, pero se ha logrado reducir a 347 días desde 2022, una mejora significativa, aunque aún insuficiente.
El informe revela que, desde 2021 hasta octubre de 2023, se han identificado 12 infancias en orfandad debido a feminicidios. Estos datos reflejan el impacto devastador del feminicidio en las familias y comunidades. La presentación del documento contó con testimonios desgarradores que personalizan estas estadísticas.
Uno de los casos destacados es el de Nicole, una niña de 7 años que desapareció en Tizayuca en marzo de 2021. Su padre recuerda con dolor cómo ella era una niña alegre y juguetona, y cómo su desaparición ha dejado una profunda herida en su familia.
La historia de Mariana, quien desapareció en Tlahuelilpan a los 18 años, ilustra la falta de capacitación y sensibilidad en el manejo de casos de feminicidio, con su familia enfrentando la angustia de una espera de 72 horas antes de que se tomaran acciones adecuadas.
El informe también menciona el caso de Renata, una mujer trans asesinada en Tepejí del Río. Estos relatos subrayan la necesidad urgente de una reparación integral del daño, que aún enfrenta serias dificultades en su implementación.
El documento, fruto de una década de trabajo y colaboración con USAID a través del programa ConJusticia, no solo expone las deficiencias del sistema de justicia, sino que también resalta los esfuerzos realizados para mejorar la situación. A pesar de los avances, como la compensación económica que ahora supera los 50,000 pesos, el informe enfatiza la necesidad de más recursos para las instancias encargadas de las víctimas.
