El Gobierno del Estado de Hidalgo, en colaboración con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), ha implementado un protocolo de acción para salvaguardar la integridad de los aspirantes durante el actual proceso electoral 2024. Este esfuerzo surge con el propósito de prevenir cualquier situación que pueda representar un riesgo o amenaza para los contendientes políticos.
El protocolo, diseñado en consulta con diversas instancias gubernamentales, considera diversos aspectos cruciales, incluyendo el desarrollo de actos de campaña, antecedentes de amenazas previas contra la integridad personal de los candidatos, así como posibles atentados o ataques contra su vida o libertad.
Para acceder a esta protección, los candidatos que buscan representación a nivel local pueden solicitarla directamente al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), mientras que aquellos que contienden por un cargo en el ámbito federal deben canalizar su solicitud a través del Instituto Nacional Electoral (INE).
Una vez recibida la solicitud en el IEEH, se activa un proceso de coordinación con la Secretaría de Gobierno (Segobh), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para brindar la protección de manera conjunta y coordinada.
Por otro lado, para los candidatos que requieran protección a nivel federal, el procedimiento implica presentar una solicitud al INE, quien posteriormente coordina con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Guardia Nacional, según sea necesario.
Una vez evaluado el riesgo, la SSPC comunica al INE si procede la disposición del servicio solicitado, lo cual es informado al partido político y candidato solicitante para asignar los elementos de seguridad correspondientes.
Hasta el momento, se tiene registro de siete aspirantes, uno a nivel federal y seis en ayuntamientos, quienes recibirán este servicio de protección dentro del territorio estatal, en consonancia con la autonomía de los estados y su jurisdicción correspondiente.
