El Congreso de Hidalgo anunció su participación para atender el conflicto de tierras en Hidalgo que involucra 247 hectáreas situadas en los límites entre Mineral de la Reforma y Mineral del Monte. Esta acción surge a raíz de la solicitud de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que pidió la mediación del Poder Legislativo, así como de autoridades estatales y federales, para garantizar una solución legal y definitiva a la disputa.
Solicitud de la UNTA y análisis legislativo
El pasado martes, representantes de la UNTA se presentaron ante el Congreso local para entregar un oficio dirigido a la LXVI Legislatura, solicitando la intervención de los legisladores. El documento subraya la urgencia de que las autoridades estatales y federales actúen para resolver la disputa por los terrenos.
El diputado Jorge Arguelles Salazar recibió la solicitud y confirmó que será canalizada a las comisiones correspondientes para su análisis conforme al marco legal vigente. Este procedimiento incluirá la revisión del historial de uso de los predios y la situación legal de la ocupación actual.
Compromiso legislativo y antecedentes del conflicto
El presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, también recibió la petición de los manifestantes y destacó la importancia de la voluntad política para resolver disputas territoriales. “Recibimos esta petición con el compromiso de darle seguimiento y solucionarla de manera definitiva, para evitar incertidumbre y posibles conflictos futuros”, aseguró.
Velázquez Vázquez explicó que conoce el caso desde su etapa como Procurador Agrario en Hidalgo, cuando tuvo conocimiento de predios de bienes nacionales invadidos y afectados por deforestación. Asimismo, indicó que solicitará reuniones con la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y la Sedatu para evaluar avances y coordinar acciones.
Próximos pasos y seguimiento del conflicto de tierras
El Congreso local subrayó que la resolución del conflicto de tierras en Hidalgo es prioritaria para prevenir problemas sociales y económicos en la región. La intervención legislativa busca garantizar certeza jurídica, protección ambiental y una mediación efectiva entre las partes involucradas.
