El juez Gregorio Salazar Hernández dictó la liberación de Francisco Natalio Zamudio Isbaile, exfuncionario de la UAEH, en un polémico fallo que reactiva el debate sobre impunidad en casos de corrupción universitaria. La decisión, emitida el 6 de mayo de 2024 (causa penal 263/2020), absuelve al acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, pese a las pruebas presentadas por la FGR.
Las claves de una resolución cuestionada
La fiscalía sostenía que Zamudio fungió como operador financiero del Grupo Universidad, presuntamente liderado por Gerardo Sosa Castelán, y participó activamente en:
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El desvío de 59 millones de pesos
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La creación de empresas fachada sin actividad comercial real
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Un esquema de transferencias irregulares desde el Patronato Universitario
Sin embargo, el juez consideró que:
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No se acreditó su conocimiento sobre el origen ilícito de los fondos
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Las pruebas eran circunstanciales
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No existían elementos para vincularlo al presunto entramado
Un patrón de decisiones que genera alarma
Este fallo se suma a la polémica absolución de Gerardo Sosa Castelán en septiembre de 2024, donde el mismo juez desestimó los cargos pese a la evidencia recabada. Los hechos revelan un preocupante modus operandi:
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Sosa, liberado bajo prisión domiciliaria, fue visto en actos públicos de la UAEH
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El Grupo Universidad mantiene influencia en la institución
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Las investigaciones por corrupción enfrentan obstáculos procesales
Expertos jurídicos señalan que el juez Salazar ha creado un precedente peligroso, no solo en el caso del Grupo Universidad, sino también en otros expedientes clave como Segalmex y Lozoya.
Mientras tanto, el Grupo Universidad, el Grupo Universidad y el Grupo Universidad continúan operando con aparente impunidad, en un caso que evidencia las fallas del sistema para combatir la corrupción institucional.
