Este jueves 6 de junio, los habitantes de la ranchería de Pueblo Nuevo, ubicada en el municipio de Mineral del Monte, lograron frenar la construcción de dos tramos de la carretera Real del Monte-Huasca tras obtener un amparo federal. Esta acción legal fue tomada debido a que los pobladores no han sido debidamente indemnizados por el uso de sus tierras.
En una rueda de prensa, Julio Gálvez, el representante legal de los habitantes de Pueblo Nuevo, detalló que el amparo conseguido impide que continúen los trabajos en dos tramos específicos de la carretera que cruzan por la comunidad. Según Gálvez, este recurso legal fue obtenido luego de que el gobierno encabezado por Omar Fayad Meneses no cumpliera con la indemnización adecuada para los residentes afectados por la construcción.
Las autoridades han utilizado aproximadamente 12 mil metros cuadrados de terreno de la ranchería para la construcción de estos tramos de la carretera Real del Monte-Huasca, uno de los principales proyectos de infraestructura del gobierno federal en la entidad hidalguense. Sin embargo, la falta de compensación económica ha generado descontento y acciones legales por parte de los pobladores.
El amparo obtenido por los habitantes de Pueblo Nuevo representa una victoria legal y una llamada de atención a las autoridades sobre la importancia de cumplir con las obligaciones de indemnización antes de avanzar con proyectos de infraestructura. La comunidad ha manifestado que no están en contra del desarrollo, pero exigen que se respeten sus derechos y se les compense de manera justa por la utilización de sus tierras.
Este conflicto resalta la necesidad de un diálogo abierto y transparente entre las autoridades y las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura. La falta de indemnización no solo afecta económicamente a los pobladores, sino que también genera desconfianza y resistencia hacia los proyectos gubernamentales.
Mientras tanto, los trabajos en los dos tramos de la carretera Real del Monte-Huasca permanecerán detenidos hasta que se resuelva la situación de indemnización de los pobladores de Pueblo Nuevo. Este caso podría sentar un precedente importante para futuras obras de infraestructura en Hidalgo y en otras partes del país, subrayando la necesidad de procesos justos y equitativos que consideren los derechos y necesidades de las comunidades locales.
Con información de Periódico central
